A partir del martes 6 de octubre entra en vigor en Honduras el nuevo Reglamento del Cemento, una normativa que establece requisitos obligatorios para la importación y comercialización del producto y que, según la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), busca fortalecer los controles de calidad y brindar mayor información al consumidor.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, hasta ahora 15 productos de cemento cuentan con registro vigente, correspondientes a tres empresas: Argos Honduras, con ocho registros; Cementos del Norte (CENOSA), con cinco; e Inversiones Cementeras de Centroamérica (Duracem), con dos. Los registros tienen una vigencia de cinco años, es decir, hasta 2031.
La aplicación del reglamento establece que el cemento que se importe o comercialice en el país debe contar con registro, demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos e identificar claramente en su empaque el tipo de producto y la fecha de fabricación.
Las empresas importadoras de cemento no se sometieron al proceso de registro y a las auditorías previstas para acreditar el cumplimiento de las nuevas disposiciones de calidad. La situación abre una interrogante clave para el mercado hondureño: ¿por qué decidieron no someter sus productos a este proceso de verificación? La respuesta, más allá de las posiciones de cada compañía, deberá ser explicada con claridad ante consumidores, distribuidores y autoridades.
El cambio y su impacto en consumidores y distribuidores
Uno de los principales objetivos de la normativa es reducir los riesgos asociados con productos cuya calidad o condiciones de almacenamiento no puedan ser comprobadas por el consumidor.
El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, sostuvo que la regulación busca establecer condiciones iguales para los participantes del mercado. “El que cumple, vende; el que no cumple, no puede vender”, afirmó.
La SDE asegura que el reglamento fue publicado con cuatro meses de anticipación y que durante ese período se desarrollaron mesas de trabajo con distribuidores, fabricantes y transportistas. Según las autoridades, algunas empresas realizaron los ajustes necesarios para cumplir con los requisitos, mientras otras no completaron el proceso de registro.
Uno de los puntos que concentra mayor atención es el posible efecto sobre el abastecimiento y los precios. El ministro Ordóñez afirmó que las empresas que actualmente cuentan con registros atienden aproximadamente el 80% del mercado nacional y que tienen capacidad para cubrir la demanda. También señaló que el precio vigente es objeto de seguimiento por parte de la Dirección General de Protección al Consumidor.
¿Qué cambia para las empresas?
Con la entrada en vigor del reglamento, el cemento sin registro no podrá ser importado ni comercializado en Honduras, incluido el producto que se encuentre en tránsito, según explicó el director de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), Danilo José Lou.
Las empresas que todavía no hayan completado el proceso pueden solicitar su registro. La normativa contempla dos modalidades: una ordinaria, con un plazo de 30 días hábiles, y otra expedita, con una respuesta prevista en cinco días hábiles. Los requisitos técnicos son los mismos en ambas modalidades; la diferencia está en el tiempo de resolución.
Para ferreterías y distribuidores, la instrucción de la DGPC es verificar que los productos que comercialicen cuenten con el registro correspondiente. Algunas empresas que ya obtuvieron autorización disponen, además, de plazos hasta noviembre y diciembre para agotar determinadas etiquetas anteriores, tras lo cual las autoridades verificarán el cumplimiento de las nuevas disposiciones de etiquetado.
El almacenamiento también entra bajo control
La regulación no se limita al registro del producto. Las autoridades también revisaron las condiciones de almacenamiento de las bodegas.
La DGPC informó que fueron inspeccionadas ocho bodegas: cuatro de Argos, tres de Duracem y una de CENOSA. En las inspecciones se evaluaron 15 criterios relacionados con almacenamiento y seguridad y, de acuerdo con la información oficial, las instalaciones revisadas cumplieron con los 15 criterios establecidos.
La razón es técnica: el cemento puede perder propiedades cuando permanece almacenado en condiciones inadecuadas. Por ello, el nuevo esquema incorpora controles sobre el producto y sobre las condiciones en las que se conserva antes de llegar a la obra.
No todos los cementos tienen el mismo uso
Otro elemento que busca hacer más transparente la compra es la identificación del tipo de cemento.
Según la DGPC, el cemento de uso general se emplea en trabajos como paredes, pisos y repellos; los productos de alta resistencia inicial están orientados a obras que requieren desarrollar resistencia rápidamente, mientras que los cementos resistentes a sulfatos pueden utilizarse en cimentaciones expuestas a suelos agresivos o ambientes costeros. También existen productos de calor de hidratación moderada destinados a obras de mayor escala, como carreteras.
Con el nuevo reglamento, la información sobre el tipo de cemento y la fecha de fabricación deberá estar claramente identificada en la bolsa, de acuerdo con las autoridades.
Gobierno defiende reglas iguales para productos nacionales e importados
La SDE sostiene que la aplicación del reglamento se realizará bajo los mismos requisitos para los productos sujetos a la normativa, independientemente de su origen.
El secretario general de la institución, Mariano Torres Flores, afirmó que el proceso de adecuación contempló un período de 90 días y que la aplicación busca ofrecer certeza jurídica tanto a consumidores como a empresas. También señaló que los productos deben cumplir con estándares técnicos y que, según la Secretaría, las bolsas registradas cumplen con la norma técnica ASTM.
El subsecretario de Competitividad y Desarrollo Industrial, Nelson Zavala, explicó que el objetivo declarado por la institución es que la regulación funcione como una herramienta para fortalecer la calidad y la competitividad, en lugar de convertirse en una barrera al comercio.
